Conversaciones en torno al Volumen de Hallazgos y Recomendaciones
La sesión estuvo dedicada a la presentación y diálogo sobre el volumen Hallazgos y Recomendaciones, haciendo énfasis en los hallazgos, junto con las investigadoras del CEPAM, María Teresa Urueña, Yohana Pantevis y Salima Cure.
El volumen abordado, de casi 800 páginas, recoge los principales doce hallazgos que la Comisión identificó en su labor de esclarecimiento sobre el conflicto armado colombiano, así como seis recomendaciones orientadas hacia los objetivos de no repetición y mejores convivencias.
Una premisa importante que aparece en la introducción de este volumen, con la cual se inició la conversación, es que, lejos de las narrativas creadas por los grandes medios de comunicación o por diversas vertientes políticas, o por el poco reconocimiento de tantos hechos y víctimas, el conflicto armado en Colombia no puede seguir siendo reducido al relato de un enfrentamiento entre aparatos armados o a una guerra solamente ideológica.
Como sociedad, es fundamental que entendamos que nuestro conflicto, ha sido, y aún es, un entramado de alianzas, actores e intereses que hace que las responsabilidades sobre las tragedias vividas no se reduzcan solo a quienes empuñaron las armas, sino que se extiende a sectores políticos de todas las ideologías, así como a grupos económicos, criminales y sociales.
Los hallazgos ahondaron en profundidad sobre dicha premisa, permitiendo la comprensión de las dinámicas y motivos de persistencia del conflicto armado en el país. A continuación, resumimos las doce cuestiones abordadas en el Volumen y que en la sesión fueron expuestas por María Teresa Urueña y Salima Cure.
1. La Colombia herida
En su informe, la Comisión de la Verdad, evidenció como primer hallazgo, que la población civil fue y ha sido la mayor víctima del conflicto armado colombiano. Una catástrofe social de más de 60 años, que aún pervive y cuyos impactos se han prologando a diversas generaciones, debilitando a la sociedad colombiana en la construcción de su tejido social, en la gestión de los disensos desde parámetros democráticos y en el goce de sus derechos. Según la Comisión, la población campesina y la urbana empobrecida, los pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y los niños, niñas y jóvenes en áreas rurales o urbanas marginalizadas han sido los más afectados por el conflicto armado. En ese sentido, resulta importante subrayar cómo el conflicto afectó en modo diferenciado a la población y mientras millones de personas vivían la desigualdad, la exclusión y la discriminación por cuenta de la guerra, buena parte de la sociedad siguió adelante como si nada pasara. La guerra en Colombia también ha afectado a la naturaleza y su relación con las comunidades.
La conflictividad social del país ha sido afrontada en gran medida desde lógicas guerreristas, con el amparo de lecturas sesgadas sobre las mismas dinámicas del conflicto armado. Por lo que diversas luchas por los derechos económicos, sociales y ambientales o la propia construcción de paz, han sido reducidas por agentes del Estado a actividades sospechosas, sometiendo a sus protagonistas a las lógicas del enemigo interno.
La fuerza de las prácticas de resistencia de movimientos sociales, campesinos, étnicos y de derechos humanos ha permitido visibilizar las voces y acciones de las víctimas, permitiendo el reconocimiento de hechos e historias que por mucho tiempo fueron silenciadas o negadas.
2. Por una democracia sin violencia
La Comisión enfatiza en su segundo hallazgo que el conflicto en Colombia ha sido una lucha por la construcción de la democracia en el país. Lo que vive Colombia desde los años sesenta del siglo pasado es una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado, la tenencia de la tierra y el control del territorio.
La construcción y el ejercicio de la democracia en el país no ha estado al margen de la violencia, por el contrario, ésta se ha desarrollado más desde disputas ideológicas que buscan la destrucción física y moral del adversario, visto como enemigo, que desde el diálogo constructivo.
El Estado colombiano que se ha construido en medio a la guerra, convive con una fuerte tensión entre l legitimidad, la legalidad y el crimen. Así mismo, los colombianos, ha aprendido el ejercicio de la democracia en medio a la guerra y han participado en modo diverso, según lugar y tiempo, en elegir la guerra o en apostarle a la paz.
Frente a ese punto, se generó una pregunta sobre las reales posibilidades de la sociedad colombiana a la hora de elegir en los espacios de votación, considerando que para todos no es fácil acercarse a las urnas, en los tiempos y espacios disponibles para hacerlo. Tal vez, sería el caso de que se replanteen los modos en que se ejerce el derecho al voto en el país.
3. Violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
Como señalado en el primer hallazgo, el tercero también puntualiza que las principales violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado se cometieron contra la población civil, en cuanto la guerra se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la
población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país.
Impactos que llegan hasta nuestros días afectando personas, familias enteras, comunidades, territorios, sin que en la mayoría de los casos se hayan logrado importantes avances en términos de la verdad y justicia, conociendo quiénes fueron los responsables y por qué razón lo hicieron. Los datos presentados en el volumen muestran que, de las violaciones analizadas, los homicidios son la gran mayoría, seguidos por la desaparición forzada, el secuestro y el reclutamiento.
Los principales responsables de los homicidios han sido los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de la responsabilidad; las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas y los agentes estatales con 12 % de responsabilidad. Este hallazgo demuestra además que la eliminación de quienes han sido considerados enemigos fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia, siendo los asesinatos de líderes comunitarios o políticos la más extendida.
Una frase contundente de este volumen afirma que las masacres demostraron que la violencia en Colombia no tenía límites, se ejercieron formas de tortura y destrucción de personas y territorios con total sevicia y crueldad.
4. insurgencias
En cuanto a la comprensión de las insurgencias en el país, el volumen evidencia cómo existen diferencias entre los diversos grupos insurgentes que han existido y existen en Colombia, a la vez que hace notar que se trata de la presencia insurgente más longeva del continente latinoamericano.
En sus orígenes, en los años sesenta y setenta, dichos movimientos insurgentes estuvieron ligados al campesinado y a los colonos que huían de la violencia partidista, manteniendo una visión de superar la exclusión y cambiar las situaciones de desigualdad y pobreza. En los años ochenta, en el contexto de su enfrentamiento con el Estado, lograron una importante expansión territorial hacia diversas regiones donde los conflictos por la tierra eran inclementes.
La década de los noventa, con la entrada en campo de grupos paramilitares y acciones de contraguerrilla de los ejércitos estatales, el conflicto se agudizó y las estrategias de las guerrillas
se dirigieron hacia la consideración de lo militar por encima de cualquier otro principio, lo que los llevó a cometer crímenes de lesa humanidad contra la población civil y la vida en general en diversos territorios del país: tomas y arrasamiento de pueblos, uso de armas no convencionales y minas antipersona, secuestros masivos, reclutamiento de menores y jóvenes en sus filas. Durante los años ’90, las guerrillas, particularmente las FARC, se involucraron en el narcotráfico.
En el esfuerzo por aumentar su incidencia política o fortalecer su control territorial, las guerrillas, a su vez, fueron en contravía de la autonomía política de organizaciones sociales, comunidades indígenas, negras, campesinas, lo que produjo violencias contra éstas, cometidas tanto por las guerrillas, como por los ejércitos estatales y paramilitares que los veían como aliados de la insurgencia.
5. ENTRAMADOS DEL PARAMILITARISMO
El principal hallazgo de la Comisión frente al paramilitarismo en Colombia fue develar que dicho fenómeno trasciende los aparatos armados, para ser entendido como un entramado de diversos actores y sectores económicos, políticos y sociales que lo sustentan y permiten su permanencia. Ese telón de fondo, como aparece en el volumen, está sustentando en redes y alianzas de políticos regionales y nacionales, instituciones del estado, empresarios y multinacionales, fuerza pública, narcotraficantes y otros grupos criminales.
Si bien los grupos paramilitares presentan variaciones regionales, considerando además los marcos temporales, la Comisión afirma que dicho entramado ha transcendido sus acciones de lucha contrainsurgente, para convertirse en un modelo de estado, manteniendo poderes y privilegios económicos, acceso a recursos y fondos públicos en un contexto de generalizada impunidad.
Los testimonios recogidos por la Comisión han permitido observar que las modalidades de violencia paramilitar se caracterizaron por el uso de la crueldad y la sevicia, especialmente en las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas.
Un punto clave que además emerge es cómo la persistencia del paramilitarismo en el país se sustenta en el negacionismo del entramado que lo constituye. Muchas instituciones estatales han sido cooptadas por ese entramado y sin mecanismos eficaces que lo visibilicen y contrasten será muy difícil su desmantelamiento.
6. Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia
El narcotráfico aparece definido en el volumen como un protagonista
y un factor de persistencia del conflicto armado colombiano, y, al mismo tiempo, un modo de acumulación violento de riqueza y poder con gran influencia en la política y economía colombiana.
Gran parte del poderío del narcotráfico se sustenta en la ilegalización de sustancias siguiendo las políticas internacionales de la “guerra contra las drogas”, que desde los años ochenta, bajo la influencia de los Estados Unidos, opera en el país. Lo que ha favorecido violentas acciones por el control del negocio entre carteles y grupos criminales, así como respuestas igualmente violentas en nombre de la lucha antidrogas.
Una lucha antidroga que se extendió al ataque de las insurgencias, particularmente a las FARC, y al campesinado que siembra coca, en esa lógica perversa de señalamientos de “narcoguerrilla” y campesinos “narcocultivadores”. Pero que ha sido menos eficaz a la hora de contrastar las organizaciones criminales, que muchas vece actúan en conjunto con una parte de la clase política, la fuerza pública y con sectores económicos importantes en los ámbitos local, regional y nacional.
Uno de los mayores impactos del narcotráfico en el país, y que lo hace un protagonista de su persistencia, han sido las transformaciones sobre la estructura de la tenencia y el uso de la tierra en el país. Sin ser de menor alcance, el impacto sobre la naturaleza y en la estigmatización de las poblaciones asociadas al cultivo.
7. MODELO DE SEGURIDAD
El modelo de seguridad que rige en Colombia se gesta principalmente en el período del Frente Nacional, recreándose en el contexto del conflicto armado interno. Así mismo, nos recuerda la Comisión, el modelo de seguridad colombiano se sustenta en gran medida en las relaciones internacionales con Estados Unidos. En ese sentido, Colombia no ha tenido una agenda propia sobre su modelo de seguridad, sino que ha asumido los marcos discursivos de USA a propósito de las doctrinas contrainsurgentes contra el comunismo, las drogas y el terrorismo. Parte fundamental de dicha subordinación en el ámbito de la seguridad, tiene que ver con que Estados Unidos ofrece asistencia militar a Colombia, en lo relativo a formación de los cuerpos militares y de policía, armamentos y recursos.
Un modelo que no ha logrado la seguridad para la vida de los ciudadanos, o no la de todos por igual, siendo una muestra de ello, las más de 9 millones de víctimas, 90% de éstas civiles, que ha dejado el conflicto armado en Colombia.
El modelo de seguridad ha privilegiado estrategias militares, en vez de garantizar derechos y responder a las necesidades de la población, y lo ha hecho a través de la militarización de territorios, medidas de excepción, la relativa autonomía de las autoridades militares frente a la autoridad civil y el uso asiduo del concepto del enemigo interno frente a la movilización y demandas sociales. La seguridad ha sido confundida con defensa armada frente al enemigo.
El modelo de inteligencia relacionada con este modelo de seguridad se ha sustentado así en lógicas contrainsurgentes haciendo uso de estrategias de estigmatización, persecución y ataque a movimientos sociales, sindicales, políticos de la oposición generando graves violaciones de derechos humanos.
Se verifica además la limitada independencia de la justicia en el conflicto armado, sobre todo aquella de la justicia penal militar que ha conllevado la impunidad y el encubrimiento de crímenes de miembros de la fuerza pública. Otra característica de dicho modelo es que ha promovido la privatización de la seguridad, involucrando civiles armados amparados en el derecho de su legitima autodefensa, favoreciendo la creación y persistencia de grupos paramilitares.
8. la impunidad como factor de persistencia del conflicto armado
Este hallazgo resalta el déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas contra millones de víctimas en el conflicto armado colombiano. La impunidad ha sido institucionalizada en el marco de la guerra contrainsurgente que actúa en conjunción con la política criminal y la legislación de guerra. Un estado de impunidad rampante que se ha convertido en uno de los factores de persistencia de la violencia en el país.
El sistema judicial colombiano, en el marco del conflicto armado, ha sido cooptado por entramados políticos, civiles y militares, impidiendo que se conozcan tantas atrocidades cometidas, por ejemplo, los casos de ejecuciones extrajudiciales o los casos de parapolítica, y que se haga justicia al respecto. Muchos casos de violencias cometidas quedan impunes, sin que hayan procesados, reconocimientos, reparaciones. Situación que aumenta las probabilidades de repetición y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas entre la población civil.
Al mismo tiempo, el sistema judicial en el país ha sido también blanco de ataques por cuenta del narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares y los ejércitos estatales. En el volumen se reportan diversos testimonios de jueces, fiscales, magistrados y funcionarios de la justicia asesinados o amenazados en situación de exilio.
Un punto significativo enunciado en el Volumen, tiene que ver con el hecho de que las extradiciones, particularmente de jefes paramilitares o de estructuras de narcotráfico, responden a intereses políticos, en detrimento de las víctimas y de la verdad.
9. hacia la paz territorial
La principal premisa de este hallazgo tiene que ver con el hecho de que el conflicto armado colombiano ha producido una transformación violenta de enteros territorios a través del desplazamiento forzado y el despojo, permitiendo grandes acumulaciones de tierra en manos de algunas familias y grupos de poder. Transformaciones que, para la Comisión, han profundizado el modelo de ordenamiento territorial colonial y elitista, así como el proceso de formación del Estado nacional que ha sido excluyente.
El modelo de ordenamiento territorial y de acumulación violenta que ha recreado el conflicto armado, ha favorecido en muchos territorios la imposición de la ganadería extensiva, la agroindustria, el narcotráfico y la minería en detrimento de las economías étnicas y campesinas; un escenario de conflictividad socioambiental que se agudizó con la apertura económica y el modelo neoliberal que se instauró en el país desde la década de los ’90. Además, se subraya cómo en variados territorios las guerrillas y los paramilitares impusieron sus propios órdenes sociales, logrando importantes controles territoriales y modos de hacer justicia, cooptando así mismo las instituciones del Estado, los recursos y los bienes públicos. En dichos escenarios, estos grupos lograron hacer importantes alianzas con las élites locales que muchas veces participaron en dichos entramados para mantener sus poderes políticos y económicos.
10. La relación entre cultura y conflicto armado interno colombiano
La máxima expresada en este hallazgo es que el conflicto armado se ha alimentado y a la vez ha influenciado la cultura. La herencia colonial y el mismo proceso de construcción como Estado Nacional han consolidado en el país visiones excluyentes, visibles en la persistencia del racismo y el clasismo, pero también del patriarcado, que operan principalmente sobre sujetos indígenas, negros, campesinos, mujeres, lo pobre, lo disidente, las identidades sexuales diversas. En otras palabras, nos dice la Comisión, la desconfianza por lo diferente no surgió durante el conflicto armado, pero se agudizó durante su desarrollo. La cultura de estigmatización del enemigo se ha radicado profundamente en nuestra sociedad, así como muchas expresiones de la violencia han sido naturalizadas.
Enlos testimonios recogidos en el Volumen se manifiesta cómo el racismo se cruzó de manera dramática con la violencia armada, anclándose en paradigmas coloniales de deshumanización y poco respeto por la vida de aquellos que han sido históricamente discriminados, como las y los indígenas, las y los negros.
Así mismo, la Comisión logró identificar que las violencias patriarcales en el marco de la guerra fueron estratégicas para
los actores armados, quienes, a través del control de los cuerpos de las mujeres, ejercieron el control de los territorios, ya fuera para el despojo y el desplazamiento, como para atacar a los enemigos e imponer ordenes sociales.
El volumen también destaca que la desprotección histórica de la infancia y de los jóvenes en el país, los convirtió en poblaciones vulnerables en el marco del conflicto armado, sobre todo en los casos relacionados con el reclutamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales.
11. Los procesos de reconocimiento de responsabilidades
En este punto se resalta cómo los ejercicios de reconocimiento realizados entre víctimas y responsables, en variados escenarios y territorios del país, y que fueron preparados con mucha atención para incentivar la escucha atenta y el diálogo respetuoso, permitieron sanar heridas, tramitar dolores y contribuyeron a que la sociedad colombiana pudiera reconocer los horrores de la guerra, superar visiones sesgadas y generar caminos de construcción y restauración de mejores convivencias.
La finalidad de los reconocimientos, enfatiza la Comisión en este volumen, es constituirse en un fundamento ético de la transformación social hacia la paz.
12. Dimensiones internacionales de la construcción de la paz en Colombia
En este último hallazgo, la Comisión quiere reconocer que, a pesar de la injerencia de actores extranjeros en el conflicto armado colombiano, es también central la contribución que los países del continente americano, así como la Comunidad Internacional han hecho en las negociaciones políticas para la terminación de la guerra, en particular modo con los acuerdos de Paz recientemente firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Vale la pena resaltar cómo dichos apoyos se han extendido a fortalecer procesos en el escenario del postacuerdo.
Los proyectos de paz en Colombia tienen una dimensión regional, creando mejores convivencias en las zonas de fronteras afectadas por el mismo conflicto y generando políticas transnacionales que tengan un enfoque de promoción de derechos, construcción de paz y seguridad humana.