Cuarta sesión: Diplomado La paz no tiene tregua

16 de septiembre de 2022

En la sesión abordamos nuevamente el Volumen Hallazgos y Recomendaciones, dedicándonos esta vez a las Recomendaciones, con la participación de las investigadoras, Zulma Romero, historiadora del Centro Pluralizar la Paz y Juliana González, filósofa y politóloga del Instituto colombo-alemán para la Paz, Capaz.

Las recomendaciones presentadas en el volumen, 67 en total, fueron agrupadas en 8 grandes temáticas relacionadas con los 12 hallazgos que la Comisión de la Verdad consolidó en su informe.

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Foto: Maritza Umirez

Zulma Romero inició su charla evidenciando el carácter de las recomendaciones y los objetivos que éstas persiguen. En términos generales, las recomendaciones son estrategias proyectadas hacia la construcción de la Paz Grande en el país, a través de transformaciones profundas que necesariamente se deben sustentar en diálogos amplios, participación ciudadana y búsqueda de consensos.

Las recomendaciones prevén el diseño y actuación de medidas, intervenciones y políticas públicas en temporalidades determinadas -algunas urgentes, otros más a mediano o largo plazo- y dirigidas a responsables específicos para que se garantice su implementación.

Es importante subrayar que en las recomendaciones se recogieron elementos que emergieron de las investigaciones realizadas por la Comisión en los diversos territorios, pero también de propuestas realizadas en los espacios de Diálogo Social convocados por la misma Comisión. En dichos espacios, participaron exponentes de diversos sectores, organizaciones, colectivos, movimientos sociales y étnicos del país.

En ese sentido, vale la pena concebir las recomendaciones como un importante capital de reflexiones y aprendizajes que Colombia ha ido componiendo a partir de los variados procesos de negociación política del conflicto, los acuerdos de paz, los procesos de construcción de memoria y dignificación de las víctimas. Por eso, comentó Romero, puede ser que las recomendaciones en su gran mayoría no propongan cuestiones nuevas, sino que recogen asuntos planteados en otros escenarios, incluso desde la Constitución del 1991, pero que no han logrado materializarse en políticas públicas o reformas del Estado, como de hecho ha sucedido con los Acuerdos de Paz a 5 años de su firma.

Para el monitoreo de la implementación las recomendaciones hechas por la Comisión, fue creada una comisión que por siete años tendrá la tarea de hacer seguimiento a su cumplimiento.

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Foto: Maritza Umirez

A continuación, presentamos los 8 puntos que reúnen las recomendaciones entregadas por la Comisión en su informe.

  1. Para avanzar en la construcción de paz como proyecto nacional

En este bloque de recomendaciones, la Comisión hace un llamado urgente a la implementación integral de lo pactado en el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las FARC, en cuanto éste constituye un camino hacia la consecución de las transformaciones necesarias para superar los factores de persistencia del conflicto y garantizar la no repetición. Una acción importante en ese sentido, es la creación, por parte del Gobierno, de un ministerio que lidere los asuntos de paz, reconciliación, atención a víctimas y reintegración desde un enfoque territorial, de género y étnico.

Al Gobierno van dirigidas otras sugerencias precisas: avanzar en la reincorporación social y económica de los integrantes de las FARC-EP, retomar las negociaciones con el ELN, teniendo en cuenta los avances alcanzados y avanzar en la formulación e implementación de una política de sometimiento a la justicia que ponga en el centro a las víctimas y que garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

La Comisión también invita al Gobierno, a los actores armados, a los empresarios, a los partidos políticos y a la sociedad en general a reconocer que el diálogo y la negociación son las principales herramientas para alcanzar la paz.

Un llamado dirigido especialmente a los actores armados insta por el respeto de los derechos humanos, el rechazo de la lucha armada y mitigar la confrontación hasta lograr su fin.

Se invita además al Gobierno y las autoridades regionales y locales a respetar y apoyar las iniciativas y pactos humanitarios que vienen siendo impulsados desde las organizaciones sociales y comunitarias de los territorios más afectados por el conflicto armado.

A la comunidad internacional y a las iglesias, también se hace un llamado para que continúen con sus esfuerzos por promover y apoyar el diálogo como salida a la confrontación armada.

  1. Para garantizar la reparación integral, la construcción de memoria, la rehabilitación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de responsabilidades

Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima, tendríamos que callar durante 17 años.

Esta frase fue pronunciada por el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, en el momento de la entrega del informe a la sociedad colombiana el pasado mes de junio, convirtiéndose en una de las afirmaciones más eficaces a la hora de enunciar el drama social que ha vivido Colombia por cuenta del conflicto armado.

Frase que en este conjunto de recomendaciones, expresa lo ambiciosa que quiere ser la Comisión para  avanzar decididamente en la satisfacción de los derechos de las víctimas en el país, por un lado, reconociendo la importancia de los esfuerzos significativos que se han hecho por prevenir y atender el desplazamiento forzado con la Ley 387 de 1997; avances en memoria histórica y justicia con la Ley de Justicia y Paz; en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la puesta en marcha de los mecanismos judiciales y extrajudiciales del Sistema Integral para la Paz en la implementación del punto 5 del Acuerdo Final.

Por otro lado, la Comisión, hace otras recomendaciones para garantizar el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integral y transformadora, contrastando las condiciones de exclusión y desigualdad que permitieron la vulneración de sus derechos, garantizando su derecho para acceder a la salud, vivienda, educación y generación de ingresos.

En cuanto a la cuestión de la memoria, la Comisión elabora sugerencias dirigidas hacia la tutela de una memoria plural que reconozca las atrocidades del pasado, con la intención de superar el dolor y confronte dinámicas de estigmatización, deshumanización y negacionismo. En ese sentido, resalta que el carácter y objetivos del Museo de la Memoria, como ente público, debe mantenerse un diálogo constante con las comunidades y organizaciones de víctimas y no depender del gobierno de turno.

Fueron elaboradas además recomendaciones para apoyar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas tanto las que son realizadas por organizaciones y familias, como las que realiza la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

  1. Para consolidar democracia incluyente, amplia y deliberativa

Las recomendaciones de este apartado proponen acciones enfocadas en
lograr un régimen político incluyente que responda a las demandas ciudadanas, que garantice su participación, que respete el pluralismo y la diversidad. Medidas que van dirigidas hacia diversos actores: a los gobiernos, a las instituciones, a los partidos políticos, élites regionales y locales, actores de la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones cívicas.

Dicho desafío implica la puesta en marcha de un sistema política que:

  • Promueva la exclusión de las armas de la política
  • Sea amplio desde las bases sociales, equitativo e incluyente de todos los territorios
  • Garantice la movilización y la protesta social
  • Otorgue garantías para líderes, defensores de derechos humanos y opositores políticos
  • Promueva medidas de inclusión de campesinos como sujeto político, de las mujeres y de los pueblos étnicos (indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rom).

Se proponen además reformas del régimen político y electoral dirigidas hacia la democratización territorial en las regiones para garantizar mayor representación de los sectores tradicionalmente excluidos.

  1. Para enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas

Una de las premisas fundamentales de la Comisión respecto al narcotráfico, es que es necesario avanzar hacia la superación definitiva del prohibicionismo, promoviendo nuevos enfoques que privilegien las aproximaciones de desarrollo sostenible y derechos humanos frente a los llamados cultivos de uso ilícito y perspectivas de salud pública y reducción del daño en lo relativo al consumo.

Algunas de las medidas propuestas para los dos ámbitos son:  renunciar definitivamente a la aspersión de cultivos; garantizar la inclusión productiva de territorios y comunidades; ofrecer reconocimiento y garantías para el campesinado como sujeto de derechos; fortalecer la investigación de usos alternativos de la hoja de coca y la marihuana, reconociendo al respecto los saberes y prácticas de diversos grupos indígenas y campesinas; superar definitivamente la criminalización y persecución de pequeños cultivadores o de consumidores, concentrándose en la judicialización de los eslabones más grandes de la cadena del narcotráfico.

Por otra parte, las medidas se dirigen hacia la consecución de un compromiso real por parte del Estado y los gobiernos para erradicar la corrupción y los beneficios que éste representa para algunos sectores económicos y políticos del país. Se propone una estrategia de judicialización y sometimiento a la justicia –que sigue los parámetros del punto de la paz como proyecto nacional-, así como una reforma al régimen político y electoral para que haga mejor veeduría en las fuentes de financiación y establezca sanciones a quienes están vinculados con organizaciones criminales.

  1. Para superar la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, judicializar los entramados de criminalidad organizada y corrupción y mejorar el acceso a la justicia local

Las recomendaciones propuestas en materia de justicia tienen como propósito combatir la impunidad, contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales y los entramados que las soportan y garantizar el acceso a mecanismos para la resolución de conflictos.

Las sugerencias avanzadas por la Comisión se concentran en cuatro aspectos fundamentales:

  • La independencia de los entes encargados del esclarecimiento judicial. Por ejemplo, que en la elección del Fiscal General el Ejecutivo no tenga injerencia. Así mismo se propone que la Fiscalía General asuma la investigación de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, siendo juzgados por la jurisdicción ordinaria y no por aquella militar.
  • Los ajustes de las metodologías de investigación centrándose más en patrones y dinámicas que en casos aislados.
  • La creación de un mecanismo independiente de apoyo a la investigación.
  • La limitación de la extradición para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Este bloque de recomendaciones se sustenta además en una visión de la justicia más amplia que la penal. En ese sentido, apela para mejorar el acceso a mecanismos de resolución de conflictos, en especial en la ruralidad, con la creación de una jurisdicción agraria para
resolver conflictos sobre el uso, propiedad y tenencia del suelo, así como la real articulación de la justicia formal con las justicias propias de los pueblos étnicos, innovando además en mecanismo dirigidos hacia una gobernanza intercultural.

  1. Una nueva visión de seguridad para la paz

Para la Comisión, la construcción de la paz en el país implica que el asunto de la seguridad sea concebido de otra manera, lejos del modelo guerrerista que ha prevalecido,
sino como un bien público, centrado en las personas y con un enfoque diferencial para las áreas rurales y de frontera.

Esto implica, como primera cosa, que las Fuerzas Militares y de Policía tengan un direccionamiento civil para que se ajusten a sus funciones constitucionales y que se garanticen estándares de independencia y transparencia en las investigaciones en la cuales éstas son responsables de crímenes y delitos.

Las recomendaciones apuntan además a la necesidad de garantizar el acceso a los
archivos de las instituciones militares y de policía una vez hayan cumplido el término de reserva legal. Así mismo, es necesario someter los acuerdos de cooperación internacional en materia militar a procedimientos transparentes de debate público.

La Comisión insta igualmente a reconocer a las guardias comunitarias indígena, cimarrona y campesina como mecanismos autónomos de convivencia, protección y cuidado de las
comunidades y de la naturaleza.

  1. Para contribuir a la paz territorial

Las recomendaciones de este bloque se orientan particularmente hacia la consolidación de la Reforma Rural Integral, a partir de en un desarrollo económico y ambientalmente sostenible de los territorios, reduciendo la alta concentración de tierra en manos de pocos y garantizando el bienestar de sus pobladores y ecosistemas.

El primer punto se dirige hacia la redistribución, como mínimo, de los 3
millones de hectáreas contemplados en el Acuerdo de Paz, considerando que dichos predios estén cerca de la frontera agraria y tengan acceso a bienes y servicios.

De manera complementaria, las sugerencias están dirigidas a:  retomar la discusión sobre el proceso de descentralización, la autonomía territorial y la organización político-administrativa del país; garantizar un acceso equitativo a tierras y territorios; la prevención y gestión de conflictos socioambientales; la prevención y contención del despojo de tierras y territorios y la reparación a las víctimas.

Otras dos recomendaciones dirigidas al Gobierno tienen que ver con pueblos étnicos y campesinos. Por un lado, instan a definir concertadamente con los pueblos étnicos un plan
para dar respuesta a las solicitudes de constitución, uso y resolución de conflictos relacionadas con sus territorios. Por el otro, apuntan a avanzar con los procesos de revisión y aprobación de las solicitudes de las Zonas de Reserva Campesina, garantizando su financiación y articulación con los planes territoriales y el Plan Nacional de Desarrollo.

  1. Para lograr una cultura para vivir en paz

El último bloque de recomendaciones hace énfasis en la necesidad de consolidar una nueva ética ciudadana pública para producir mejores convivencias, desarmando no solo las manos y los cuerpos, dice la Comisión, sino el lenguaje, la mente y el corazón.

Según la Comisión, esto implica que nuestros comportamientos y relacionamientos se basen en: una noción respetuosa de la diversidad, la pluralidad y la diferencia cultural, étnica, de género, política e ideológica; la promoción del cuidado de la vida y del respeto
de los derechos humanos y la capacidad de diálogo que contribuya a la recuperación de la confianza, mejores convivencias y el fortalecimiento de la democracia.

Dichas recomendaciones han sido dirigidas especialmente al sector educativo, entes culturales, medios de comunicación, comunidades religiosas, en cuanto espacios que tienen gran incidencia en la formación de los sujetos y las comunidades. Es igualmente indispensable para la Comisión que el legado contenido en el Informe sea fuente de conocimiento, reflexión y acción social y política en los diversos estamentos de la sociedad, de manera que contribuya a la transición y a la no repetición.

DEBATE

Una de las cuestiones que diversas personas tocaron en el debate fue cómo en las recomendaciones de la Comisión no aparece una clara posición sobre cómo el modelo económico del país, productivista y desarrollista, es una de las causas de las persistencias que alimentan el conflicto armado en cuanto productor de pobreza y desigualdad. Zulma Romero y Juliana González, quisieron igualmente considerar que, si bien ese tema no fue punto de negociación en las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Paz, no se puede desconocer que, en su informe, la Comisión si hace afirmaciones importantes sobre la necesidad de repensar el modelo de desarrollo basado en el extractivismo. En una de las recomendaciones sobre la paz territorial, de hecho, la Comisión insta al Estado y a los gobiernos a una amplia y participada discusión sobre los usos adecuados de los territorios para el fortalecimiento económico y productivo, el cuidado ambiental y el bienestar de las comunidades locales.

Otras de las preguntas hechas por los participantes apuntaban hacia la reflexión de lo que implica que el Estado colombiano, y diversos gobiernos, asiduamente no cumplan con los acuerdos pactados, y no solo respecto a los Acuerdos de Paz, sino con diversos procesos. ¿Por qué no hay voluntad política ni se financian diversos planes y políticas públicas necesarias para reales transformaciones? ¿Cómo implementar todas esas medidas considerando los altos niveles de corrupción en las instituciones colombianas?

Romero y González respondieron que evidentemente hay una gran dificultad en la implementación de los Acuerdos en el país, pero que hay que rescatar que no obstante todo, Colombia ha logrado avanzar en muchos frentes, acumulando un capital de experiencias en el ámbito de las negociaciones políticas del conflicto, la justicia transicional y la construcción de mejores convivencias y de paz a nivel local, regional y nacional. Vale la pena interpelarnos, nos decía Zulma, sobre cómo cada uno de nosotros se involucra en estos procesos. Siendo un importante paso que, en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones, en nuestros sentires políticos privilegiemos los diálogos y contrastemos la discriminación, el racismo, el machismo. Juliana, por su parte enfatizó que los constantes incumplimientos hacen que todos y todas actuemos como veedores de esos procesos, siendo más vigilantes de su implementación.

Al final, se quiso recordar que el drama social que el país ha vivido ha sido muy grande, persistiendo desafortunadamente en algunos territorios, por lo que hay que valorar el acumulado de aprendizajes significativos en la construcción de paz que la sociedad colombiana ha creado y recreado. Se requiere tiempo, esperanza y participación.  

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