23 de septiembre de 2022
En la sesión fueron abordados dos volúmenes: Hasta la guerra tiene límites y No matarás.
El primer segmento abordó el volumen, Hasta la guerra tiene límites, Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas, con la participación del abogado y profesor de la Universidad de Birmingham, Félix Torres y el firmante de paz, Pastor Alape.
Un volumen denso, de más de 1000 páginas, que recoge variados testimonios y casos relacionados con diversos tipos de violación de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario cometidos en el marco del conflicto armado en el país.
El volumen reúne además anexos importantes que contienen una colección de documentos de agencias de los Estados Unidos (período de 1982-2009) que fueron desclasificados en el marco del proyecto de Documentación sobre Colombia, National Security Archive (NSA), dirigido por Michael Evans y coordinado para la Comisión por el Comisionado Alejandro Valencia Villa. Dicha colección contiene archivos sobre seguridad nacional, narcotráfico, Plan Colombia y paramilitarismo.
Las violaciones e infracciones consideras en el texto fueron: homicidios -masacres, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales y atentados al derecho a la vida-; ataques indiscriminados; desaparición forzada; amenazas; secuestro; detenciones arbitrarias; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencias sexuales; reclutamiento de niñas, niños y adolescentes; trabajo forzoso; desplazamiento forzado;
despojo de tierras; confinamiento; ataques a bienes protegidos; pillaje y extorsión.
Para el abordaje de las responsabilidades relacionadas con dichas violaciones, se privilegiaron las preguntas de quiénes, cuándo, cómo y por qué, tratando de visibilizar no solo los grupos armados, sino también las alianzas y entramados económicos, sociales y políticos que se beneficiaron con el conflicto. De este modo, el documento profundiza en uno de los argumentos presentados en el volumen de Hallazgos y Recomendaciones, que tiene que ver con el entendimiento del conflicto armado desde los diversos entramados que lo configuraron y no sólo como un enfrentamiento entre insurgencia y contrainsurgencia.
La metodología de casos ilustrativos, le permitió a la Comisión reconocer algunas dinámicas del conflicto armado colombiano dirigidas a los siguientes fines:
- 1. El sostenimiento, beneficio, disciplina e integridad de los actores armados
- 2. La obtención del control social de la población civil
- 3. La reconfiguración del territorio con fines económicos
- 4.La eliminación física y simbólicamente de quienes han sido considerados enemigos de la
institucionalidad del Estado, del modelo económico, de clase social o de revolución - 5. La obstrucción de procesos tendientes a la solución política del conflicto armado o a la implementación de acuerdos firmados entre las partes
- 6. La aniquilación del adversario que produjo profundas afectaciones de la población civil
Al inicio del texto, hay una frase relevante sobre lo que significó la escritura de este volumen, dice la Comisión, “redactar un texto sobre las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH es narrar el horror de la guerra. Describir, explicar y analizar hechos de violencia de manera equilibrada fue el reto constante. Encontrar un tono y un lenguaje concreto y claro no fue fácil, sobre todo para que, cuando se habla de lo que ocurrió y del porqué ocurrió, el lector no lo sienta ajeno.”
Fue precisamente sobre ese último punto, sobre la conexión con el lector, que Torres insistió en su presentación, o bien, quiso enfatizar en el ámbito de los reconocimientos, que en su criterio tuvo poco espacio en el cuerpo del volumen, siendo, según él, lo que más amerita ser incorporado en el amplio de la sociedad colombiana en su transitar hacia caminos de la no repetición y construcción de mejores convivencias.
Para Félix Torres, si bien la Comisión logró construir un riquísimo documento sobre las diversas modalidades de violaciones de derechos humanos en el país, además ofreciendo ricos contextos históricos y nuevas informaciones sobre las responsabilidades de las guerrillas, priorizó demasiado sobre lo legal.
Ese modo de concebir el texto, en palabras de Torres nos lleva a interrogarnos sobre el porqué del peso de lo legal, frente a la menor articulación de las diversas responsabilidades en juego. Para elaborar su reflexión, Torres cita los planteamientos del filósofo alemán Karl Jaspers, quién en su libro, El problema de la culpa, teorizó sobre las diversas responsabilidades existentes en la guerra. Hay sin duda responsabilidades criminales o legales, reservadas a quienes violan la ley, pero también, afirma Jaspers, hay responsabilidades de orden político y moral, que caen, por ejemplo, sobre toda la sociedad por haber tolerado la existencia del conflicto; hay así mismo una responsabilidad metafísica –que tenemos todos en cuanto seres humanos-. El reconocimiento de todas esas responsabilidades es necesario para la verdadera transformación de la sociedad.
En el volumen, insistió Torres lo legal prevaleció, habiendo solo algunas consideraciones sobre la responsabilidad política y social, sobre todo cuando se analizan las responsabilidades del Estado colombiano por violaciones de derechos humanos y breves apuntes sobre la responsabilidad moral referidas a la cuestión del secuestro. Cuestiones que desafortunadamente no fueron ampliamente abordadas por privilegiar la parte legal, y para Torres, esa forma de aproximarnos a la guerra, no logra el acercamiento y empatía que la misma Comisión persigue con la escritura de este volumen, sino que nos mantiene lejanos como sociedad, evitando que nos hagamos preguntas sobre nuestras propias responsabilidades en diversos niveles.
En su intervención, Pastor Alape, comentó sobre cómo fue y ha sido la participación de los comparecientes en el trabajo de la Comisión, destacando especialmente su participación en los campos del reconocimiento de sus responsabilidades en crímenes frente a las víctimas y en el acogimiento de las recomendaciones. Alape, recalcó que un momento difícil para ellos como organización subversiva, fue cuando el conflicto armado fue desconocido, lo que fomentó un escenario confuso frente al cumplimiento de las reglas nacionales e internacionales que regulan los conflictos, reconociendo así que cometieron graves crímenes y violación del DIH, en casos como el del secuestro y el reclutamiento forzado.
En el ámbito de las recomendaciones, Alape subrayó el compromiso de los firmantes en el cumplimiento de lo pactado, exigiendo, además, como partido político que son, que el Estado también implementé la totalidad de los acuerdos.
En el debate de la sesión, los participantes del público se interesaron en profundizar el tema de las diversas responsabilidades que tenemos como sociedad, pero también en los resarcimientos materiales que las antiguas FARC deben reconocer a sus víctimas. Una tarea en la que, según Alape, ellos están avanzando, no sin tropiezos, por la falta de cumplimientos por parte del Estado, pero convencidos que con este nuevo gobierno y el llamado a la Paz Grande se propiciarán mejores horizontes para el diálogo y consensos hacia la paz.
El segundo segmentó se centró en el volumen No matarás, Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, con la participación de los investigadores y profesores, Ricardo Vargas del Transnational Institute, TNI y Jorge Pulecio, de la Universidad Nacional de Colombia.
El título del volumen, No matarás, expresado como un mandamiento, es un clamor elocuente por el respeto y cuidado de la vida, en modo que, afirma la Comisión, “al final de estas páginas, podamos llegar al acuerdo de nunca más volvernos a matar entre compatriotas”.
Para la escritura de este relato histórico, la Comisión retomó el aporte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, enfatizando en esas grietas en la construcción de la nación que algunos analistas señalaron en sus documentos para comprender el origen y desarrollo del conflicto armado en Colombia. Grietas que tienen que ver con la cuestión agraria, la debilidad institucional, la desigualdad de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas, o la presencia precaria y a veces traumática del Estado en muchas regiones del país.
A estas fallas, la Comisión quiso sumar otras, relacionadas con violencias estructurales menos visibilizadas en sus interrelaciones con el conflicto, como el patriarcado, el racismo y las múltiples discriminaciones por clase social, región o corrientes de pensamiento.
La composición del volumen respondió al desarrollo de las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué el proceso de democratización se ha enfrentado a una persistente violencia?
2. ¿Qué factores subjetivos y estructurales explican el origen del conflicto armado colombiano?
3. ¿Cómo fue la dinámica territorial y temporal del conflicto armado a lo largo de más de cinco décadas?
4. ¿Por qué se nos ha escapado la paz en varios momentos de nuestra historia?
Las reflexiones producidas a partir de los interrogantes planteados, fueron organizadas en una narrativa periodizada, legado de Alfredo Molano, que, si bien tomó el año de 1958 como un partidor de aguas entre la guerra civil bipartidista y el conflicto armado, se remonta a los años veinte, cuando comenzaron a expresarse problemas sociales y de clase. Ese período fue llamado Antecedentes históricos (1920-1958) y la Comisión resaltó los siguientes acontecimientos:
-El miedo al comunismo: fueron tildadas de comunistas diversas expresiones de descontento social, como ocurrió en las huelgas del petróleo y del banano de 1927 y 1928.
–Reformas inconclusas: La República Liberal (1930-1946) fue un primer intento de crear instituciones por encima de las identidades partidarias, pero no tuvieron éxito, debido a las disputas entre dirigentes y facciones en el interior de los partidos. Un caso significativo de esas reformas inconclusas fue la Ley 200 de 1936, del gobierno López Pumarejo, que, si bien marcó un hito al reconocer la función social de la propiedad, no adelantó una reforma agraria redistributiva, lo que permitió procesos de acumulación de tierra en manos de pocos.
-La violencia como política: los episodios de violencia en diversas regiones pasaron a ser reiterados debido a la gran polarización política bipartidista.
-El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán como una nueva decepción para los ciudadanos que desde ya se sentían excluidos y pedían la garantía de sus derechos. El crimen contra Gaitán nunca se esclareció y esa impunidad se ha convertido en un rasgo constitutivo del régimen político colombiano.
-El Cierre democrático en manos de los gobiernos civiles de Mariano Ospina Pérez y de
Laureano Gómez (1950-1951) y bajo la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)
-El retorno al país del Batallón Colombia, después de la guerra de Corea, con las posteriores reformas en aspectos de inteligencia militar.
El primer período identificado inicia en 1958, con el establecimiento del Frente Nacional.
Primer periodo: 1958-1978. De la paz política a la guerra insurgente.
Pacificación sin paz.
Este es el periodo del Frente Nacional caracterizado por la búsqueda de la paz política a partir de un pacto de élites liberales y conservadoras que, si bien modernizó una parte del Estado, excluyó a los movimientos por fuera del bipartidismo, especialmente de izquierda, como el Partido Comunista Colombiano y los líderes agrarios, lo que facilitó la radicalización de posturas para el surgimiento de guerrillas de izquierda y resurgimiento de resistencias armadas.
Hubo intentos de reformas estructurales que se frustraron. Creció el descontento social y emergieron movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas y urbanos.
Segundo periodo: 1978-1991. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia
Período de profundización del descontento social y consolidación de la insurgencia, con una respuesta represiva por parte del Estado colombiano, que seguía la doctrina de seguridad de Estados Unidos, dando inició a la guerra contra las drogas.
Se configuraron y fortalecieron los principales actores: guerrillas, paramilitares, narcotráfico y Estado. Los narcotraficantes buscaron incorporarse a la vida nacional a través del lavado de activos, la financiación de campañas electorales y de ejércitos contrainsurgentes.
Fue un tiempo de permanente estado de sitio, con un incremento de violaciones, que obtuvo como respuesta la creación de un movimiento de defensores de derechos humanos.
El periodo terminó con la Asamblea Nacional Constituyente iniciativa que clamaba por unas instituciones más modernas y democráticas.
Tercer periodo: 1991-2002. La ilusión de un nuevo país y la guerra por el territorio
Los primeros años de la década de los noventa fueron una oportunidad para negociar con las guerrillas y someter a la justicia a los capos del narcotráfico. Sin embargo, dos de los grupos insurgentes más importantes del país no fueron incluidos y las negociaciones con las cabezas del narcotráfico quedaron a medio camino.
Las comunidades comenzaron a ser despojadas por parte de paramilitares, auspiciados por el narcotráfico, un sector importante de las Fuerzas Militares y élites políticas y económicas. Las FARC-EP intentaron fallidamente saltar a la guerra de movimientos, apuntaladas también en los recursos de la coca.
La disputa comenzó a darse por el control del territorio y la población, llegando a los niveles de violencia más altos en la historia del conflicto.
Como respuesta, creció un fuerte movimiento por la paz, en especial el de las mujeres. Se dieron grandes movilizaciones y se gestaron experiencias de resistencia social
como la Guardia Indígena, las comunidades de paz y los programas de desarrollo y
paz. También se consolidaron algunas instituciones garantistas de derechos como la
Defensoría del Pueblo.
Las demandas de paz se cristalizaron en los diálogos realizados en San Vicente del Caguán con las FARC-EP y en Maguncia con el Ejército de Liberación Nacional. Ambos intentos de paz fracasaron. Se abrió paso a la salida militar como la forma para solucionar el conflicto. En este periodo, el papel de Estados Unidos cobró especial relevancia con la llegada del Plan Colombia. La guerra se internacionalizó.
Cuarto periodo: 2002-2016. De la guerra total a la paz inconclusa
En la primera fase de dicho período, tuvo lugar la guerra total, la política de seguridad democrática se inscribió en la lucha contra el terrorismo y amplió el concepto de enemigo interno. La guerra se expandió a otros territorios, al tiempo llegaron inversionistas foráneos. Los actores del conflicto involucraron de manera directa e indirecta a la población civil, a través de la financiación y las redes de cooperantes, así como de milicias y redes clandestinas. Hubo una fuerte internacionalización del conflicto con la plena implementación del Plan Colombia y con la creación de un bloque latinoamericano de izquierdas, que respaldó una salida política a la guerra. Las guerrillas instalaron sus retaguardias en las fronteras.
También fue un periodo de negociaciones incompletas y no tan claras con las AUC. Con la Ley de Justicia y Paz se abrió el capítulo de la memoria y la justicia transicional en Colombia.
En este marco se hicieron más visibles las víctimas como un actor social y político, empezaron a ocupar un lugar importante en el movimiento social y en la agenda nacional.
Se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y su implementación comenzó en medio de una escisión social y política expresada en los resultados del plebiscito por la paz de 2016.
Epílogo: de 2016 hasta hoy.
Una paz incompleta y un posconflicto violento abrieron la puerta a la repetición.
En su lectura del volumen, Ricardo Vargas quiso enfatizar en preguntas que llevaran a la reflexión sobre cómo el informe se proyecta hacia la no repetición, considerando que las persistencias del conflicto, esas que están contenidas en el epílogo de la paz incompleta y un posconflicto violento, responden a lógicas distintas de las que motivaron el Acuerdo de paz.
Vargas insiste la necesidad de comprender esa nueva conflictividad existente en el país, y siendo un experto en temas del narcotráfico, se interesa en la comprensión de cómo puede articularse la paz total, deseo muy presente en el actual gobierno, con el narcotráfico.
Desde esa perspectiva de análisis, en la proyección hacia la no repetición, es que Vargas hizo unas críticas al informe. Como primer punto, considera una debilidad de abordaje el hecho que no se hayan hecho análisis regionales sobre las dinámicas del narcotráfico, en cuanto en éstas operan actores diversos y los impactos socioculturales son diferenciados.
No estuvo tampoco de acuerdo con la asociación inmediata que el informe hizo sobre violencia y áreas de cultivo de coca, pues reduce la comprensión de ésta a un único fenómeno, el narcotráfico, cuando la conflictividad presente en tantos territorios responde igualmente a la operación de otras economías ilegales.
Para Vargas, el volumen hace mucho énfasis en el tema de los cultivos de coca, y menos en la comprensión de cómo la economía de las drogas se incorpora a dinámicas de mercado operadas por grandes empresarios y no solo por grupos armados. Para el investigador del TNI, es indispensable tener mayor información sobre los insumos, la construcción de pistas clandestinas, los grupos de seguridad y todos los servicios que permiten el tráfico de la cocaína.
Vargas también hizo una crítica sobre la poca profundización que se hizo en el volumen de la relación de las FARC y el narcotráfico.
Así mismo, observó que el tema del consumo no es trabajado en toda su complejidad, para él, falta abrir debates sobre modalidades de consumos no problemáticas, incorporando prácticas de reducción del daño y dando especial atención a cómo diversas sustancias están siendo consumidas por tantos jóvenes en el país, con criticidad en comunidades indígenas, pues recrean violencias cotidianas y generan graves conflictos en sus mismas comunidades.
El profesor Jorge Pulecio, en su intervención, quiso resaltar el gran trabajo realizado por la Comisión, pensando además en las articulaciones que se inician a dar con el nuevo gobierno, sobre todo en la garantí de una mayor participación ciudadana en los planes de desarrollo territorial y nacional, así como en la apuesta de la Paz Grande que contempla la negociación política con otros actores armados.
En su lectura del volumen, Pulecio, no se detuvo tanto en las páginas dedicadas a la periodización del conflicto, sino que resaltó los aportes que aparecen en las conclusiones, donde se abordan analíticamente quienes son las víctimas, los actores, las nociones de seguridad y defensa y las apuestas territoriales; reflexiones que en gran medida están articuladas con los argumentos abordados en el volumen dedicado a los Hallazgos.
La principal crítica que el profesor Pulecio hizo al volumen, es que no considera a fondo las interrelaciones del modelo de desarrollo con el conflicto, por ejemplo, para él, no se hicieron apuntes sobre las brechas regionales y las relaciones de eso con la guerra, o cómo los tratados de libre comercio afectaron los territorios en modo diferenciado.