Jorge Pulecio
Economista, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Director de la Fundación Amazonia y Vida. @JorgePulecio
Investigador
El presidente Biden denunció a Putin como criminal de guerra por las víctimas civiles causadas durante la “Intervención militar especial en Ucrania”, léase invasión a Ucrania. Gustavo Petro denunció, en La W, que la “operación militar planificada, Mahlon 4”, del Ejercito en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, presenta serios indicios de ser un crimen de guerra cometido por el Estado, y que este evento da continuidad a los crímenes de guerra cometidos en ese departamento por paramilitares, guerrillas y el propio Estado, desde que la guerra en la Amazonia es proclamada como lucha contra el “enemigo interno”. Pero eso no es todo.
Putumayo, Caquetá, Chocó y Guaviare, en ese orden, son los departamentos de Colombia que más víctimas del Conflicto Armado (CA) presentan por cada 10.000 habitantes. Es decir, la guerra y los crímenes de guerra se han vivido más intensamente en la Amazonia que en cualquiera otra región del país. En las grandes ciudades la guerra la han visto sobretodo por TV y en los semáforos. Por eso, tal vez, la indolencia. Luego del debate al inepto del ministro Molano en la Cámara, los medios se ocuparán de otros escándalos y la violencia seguirá intacta en el Putumayo, es lo único seguro.
El señor Molano tratará de convertir el dolor y la muerte en un tema de campaña electoral. Por eso tuiteó así:
.@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima https://t.co/TSHk0j4Qhx pic.twitter.com/tWFDCnbmvO
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 30, 2022
El Putumayo es de seguro uno de los departamentos más bellos y biodiversos de Colombia. Pero allí se cumplen ya 70 años de destrucción de la selva, arrasamiento de culturas originarias, extractivismo minero-energético y control del territorio por actores armados: primero el M-19 y luego el EPL, las FARC, los Paramilitares y siempre la militarización extrema. Ahora dos fracciones de las extintas FARC, Comandos de la Frontera y el grupo de Gentil Duarte, se disputan entre sí y con otros narcos, inclusive con miembros del Estado, las rutas y los precios de la cocaína.
Entre el año 2000 y 2015 el PIB del Putumayo creció rápidamente, explicado por la explotación petrolera. Esta pasó de representar el 22.57% del PIB departamental en el 2000 a 47.15% en el 2015. De forma inversa, las rentas petroleras no favorecieron la industria o la agricultura del Putumayo. La agricultura bajó su aporte en términos absolutos y relativos en el mismo periodo: pasó de 107 a 88 mil millones (pesos constantes de 2005), lo que significó descender de 9.36% a 3.9% del PIB departamental. La industria manufacturera a su vez bajó 40 mil a 11 mil millones de pesos (constantes de 2005) y como proporción del PIB de 3.49% a 0,5% solamente.
Los datos anteriores confirman, una vez más, el carácter predador y no sostenible del extractivismo en la Amazonia: los ingentes recursos monetarios de la explotación petrolera en su mayor parte no se reinvierten en la región; por la naturaleza del paquete tecnológico de la industria petrolera, no hay filtraciones tecnológicas y aprendizajes innovadores de importancia regional; los booms petroleros atraen migraciones nuevas a la región, a empleos banales y no estables, pero encarecen los costos de vida que pauperizan a las poblaciones; los costos ambientales de los derrames del crudo, por accidentes y por atentados de las guerrillas, deterioran de forma irreversible los ecosistemas regionales; la pugna distributiva por los excedente monetarios del petróleo involucra a los grupos armados ilegales y a las élites nacionales y regionales en dinámicas a menudo violentas y de corrupción, que generan desconfianza institucional; los procesos de exploración y explotación involucran políticas y prácticas de negociación y confrontación con las comunidades, en especial con los pueblos indígenas, afrodescendientes y colonos, mediadas por normas y poderes que son transgredidos y derivan en procesos de violencia, desplazamientos forzados, división de las comunidades y deterioro de la legitimidad institucional; de otro lado, también es cierto que parte significativa de las regalías se invierte en infraestructura productiva y en beneficios sociales regionales.
En adición, los ciclos de cultivos ilegalizados de coca y marihuana y el tráfico de los mismos le permite a los campesinos acceso a recursos monetarios que ningún otro producto los sustituye.
El gobierno de Duque, empeñado en hacer trizas el acuerdo de paz, redujo a su mínima expresión los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en el Putumayo y los convirtió en maquillaje de participación comunitaria, pero sin recursos nuevos realmente significativos del presupuesto nacional. Las petroleras y las obras con impuestos (privatización de recursos públicos) reorientaron la inversión que en todo caso eran de su obligación legal. Y ya vemos en el caso del Alto Remanso: los campesinos cocaleros, que en las marchas de 1996 ganaron el derecho a no ser tratados como criminales, siguen haciendo bazares para construir sus obras comunitarias. Bazares que el ministro Molano, ajuuuuua, aprovecha para mostrar litros de sangre, porque los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, como quieran llamarlos, siguen vivos. Ya son 6.402 (+) 11.