En la primera parte de la sesión continuamos nuestras conversaciones en torno al volumen territorial, La Colombia profunda, pero esta vez desde la perspectiva de las fronteras, con la participación de Carlos Zarate, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Fabián Ramirez, firmante de paz. En el segundo segmento, tocamos nuevamente el tema de las fronteras, pero desde las experiencias del exilio, que son el centro del volumen, La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio. Nos acompañaron en esas conversaciones Paola Prieto, historiadora e investigadora de la UNAM y Elise Pic, abogada especialista en derechos ambientales y coordinadora del Instituto francés de las Américas.
Carlos Zarate inició su charla reconociendo que el informe producido por la Comisión de la Verdad es uno de los textos más completos sobre el conflicto armado en Colombia y un gran aporte para la academia.
Sobre cómo la frontera, las fronteras son allí abordadas, Zarate reconoce algunas problemáticas, siendo la principal, el hecho de que, en el volumen, la territorialidad estatal es asumida como algo dado y muy suscrita al mapa nacional. Para él, la Comisión quedo atrapada en el nacionalismo metodológico, mirando de la frontera para adentro, siendo que una perspectiva transfronteriza les hubiera permitido la comprensión del conflicto desde los dos lados de las fronteras.
Zarate, quien tiene una larga experiencia investigativa en las fronteras amazónicas, observó que en el libro dedicado a la Amazonia no hay una sola mención a la ley orgánica de ordenamiento territorial, ni al trabajo de la comisión territorial que lideró Fals Borda, que fue un trabajo fundamental para pensar ordenamiento territorial y la paz. Así mismo, advirtió Zarate, está ausente la ley de fronteras, una falta considerable en cuanto la cuestión de la paz pasa por la organización del territorio y por comprender mejor los conflictos en las zonas de frontera, por ejemplo, cómo el narcotráfico, la minería ilegal, las organizaciones criminales se mueven y actúan en los países confinantes. De eso, no aparece nada en los relatos producidos por la Comisión.
Desde los trabajos realizados por el grupo de fronteras que coordina el profesor Zarate han avanzado en investigaciones de los espacios transfronterizos, reconociendo la existencia de entidades transfronterizas en clave de paz, de diálogos nacionales y pensando hacia la integración latinoamericana. Y desde ese enfoque quieren seguir enriqueciendo el volumen territorial producido por la Comisión sobre todo en lo que respecta a elaborar cartografías transfronterizas considerando las territorialidades en cuestión.
Fabián Ramírez, excomandante del bloque sur de las FARC y firmante de paz ha venido desarrollando diferentes iniciativas de desarrollo alternativo para municipios afectados por la confrontación, así como en la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Ramírez quiso resaltar los procesos de reconciliación que viene adelantando en la Amazonía, sobre todo en el Caquetá, con antiguos comandantes de las autodefensas y con víctimas del conflicto para la formalización de un pacto que permita seguir haciendo aportes conjuntos a la verdad y seguir construyendo apuestas de paz territorial que dignifiquen la vida y protejan las selvas.
Para Fabián, el trabajo de la Comisión de la verdad ha sido importante, aunque crítica que allí no se reconoció mucho lo que se logró avanzar en las conversaciones del Caguán, que, para él, fueron importantes escenarios de conversación con la gente. Para Ramirez, sigue siendo un reto en el país la desinformación existente sobre la realidad del conflicto y la necesidad de que también se desarmen mentes y corazones en el país.
Insistió igualmente en el compromiso que tiene como firmante de paz para construir mejores convivencias territoriales, sabiendo que son trabajos de largo tiempo que no cuentan con el apoyo de todos los sectores de la sociedad.
En el segundo segmento, exploramos el volumen dedicado al exilio. Un texto acompañado por dos exposiciones virtuales consultables igualmente en la página web de la Comisión.
Dos de las cuestiones fundamentales que sustentaron la producción de este volumen fueron las de dar cuenta de lo que les pasó a las personas que tuvieron que salir del país para defender sus vidas y la de la capacidad de la sociedad colombiana y del Estado de mirarse en esta historia y de reconocerla.
Para cumplir sus objetivos la Comisión tuvo un despliegue territorial en 24 países con distintas redes, organizaciones, instituciones y personas con trayectoria y experiencia con el exilio y la migración forzada colombiana. La Comisión abordó el exilio como la salida y separación forzada de quienes han tenido que salir del país debido al conflicto armado interno y que tienen que buscar protección internacional.
Uno de los primeros hallazgos de la Comisión frente al exilio, es que éste ha sido invisible, y, no solo por su alto subregistro, sino también por motivos estructurales, en cuanto no es reconocido como una violación de derechos humanos que muestra el fracaso de las instituciones del Estado en su deber de dar protección a las víctimas. La Comisión demostró además que el exilio fue casi siempre el último recurso después de otros hechos sucesivos de violencia sufridos, como desplazamientos forzados internos, amenazas, pérdida de seres queridos o atentados contra la vida.
Entre las causas del exilio que la Comisión documentó están las siguientes:
- La persecución a opositores políticos, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, afrodescendientes e indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+, ambientalistas, sindicalistas y académicos, entre otros perfiles, que han sido objeto de una violencia específica por su posición o relación con el Estado y los actores armados.
- El control territorial y la violencia sociopolítica generalizada contra la población civil que afectó principalmente a comunidades étnicas y campesinas, así como a personas en ciudades y cabeceras municipales.
- El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes para la guerra, así como el secuestro y la extorsión.
- La desprotección del Estado en el deber de prevenir, investigar, sancionar, reparar y garantizar los derechos y la seguridad de sus ciudadanos.
- La persecución a excombatientes, firmantes de paz y familiares en contextos de posacuerdos y negociaciones de paz.
- Los hostigamientos y amenazas contra familiares de víctima que han sido perseguidas en el proceso de búsqueda de verdad y justicia.
Lectura colectiva del volumen
En su intervención, Paola Prieto, quien fue documentadora de la Comisión de la Verdad en México, subrayó el importante papel que tuvieron las asociaciones y organizaciones de colombianos en el exterior para la realización de este volumen. Sin éstos, observó Prieto, el trabajo hubiera sido muy difícil pues el subregistro que existe es enorme, ya que muchas personas que salieron de país no gozan de ningún estatus, ni como refugiado, ni como exiliado.
Para ella, el principal aporte del volumen es que logró visibilizar el tema del exilio, siendo además un precursor de creaciones artísticas y académicas entorno a éste. Así mismo, el texto propuso una periodización del exilio, evidenciando además la dimensión acumulativa de dicha violencia, lo que indica que muchas veces exiliarse fue la última instancia a la que recurrieron las personas después de haber sufrido otras afectaciones; resultando interesante en ese sentido, el planteamiento defendido por la Comisión de que el exilio también fue un acto de resistencia, y no, una forma de huir o traicionar como comúnmente se lo ha definido.
Por otro lado, reconoció Prieto, el volumen presentó algunas dificultades. Como primera cosa, le faltó hacer un ejercicio cartográfico más profundo, denso, que permitiera comprender dónde y cómo llegaron las personas, así como los diversos desplazamientos realizados por personas en países, antes de radicarse en un, o de decidir regresar a Colombia.
Existe, además, señaló la investigadora, una confusión conceptual entre exilio, refugio, asilo, palabras que son usadas indistintamente, cuando éstas tienen valencias diferentes. Hay más descripción, que análisis y poco contraste de fuentes que proporcionen una explicación sobre lo que sucedió. Y, en línea con lo dicho por Carlos Zarate, para Prieto también faltó visibilizar más los impactos transfronterizos del conflicto, como lo sucedido, por ejemplo, con las víctimas del ataque de Sucumbíos en Ecuador.
Uno de los puntos más problemáticos del volumen, observó, es que el tema de las responsabilidades del Estado se presenta más por omisión que por acción; lo que para Prieto disminuyó el énfasis en el reconocimiento de las responsabilidades estatales y equiparó en modo desproporcionado responsabilidades del Estado, con la de grupos armado u otros actores.
Prieto consideró que desde la academia vale la pena seguir avanzando y profundizando en los debates sobre el exilio, considerando los diversos países, períodos y sectores de personas exiliadas, incidiendo además en la concepción e implementación de políticas públicas que permitan el reconocimiento y la reparación para los exiliados.
Elise Pic, por su parte, se dedicó a reflexionar sobre las once recomendaciones que aparecen en el volumen. La primera pregunta que planteó Pic, fue sobre la naturaleza del informe, ¿es un texto para hacer memoria? ¿O para esclarecer? Una cuestión importante para ella en cuanto considera que los porqués del exilio y a quién, quiénes éste benefició, fueron poco abordados en el volumen.
De acuerdo con Prieto, Pic igualmente advierte que se hace un uso confuso de las categorías exilio, refugio, migración forzada transfronteriza, que son usadas indistintamente a lo largo del apartado. De la misma manera, observó que las responsabilidades del Estado aparecen poco reconocidas y en ese sentido las recomendaciones no suelen ser enfáticas a la hora de exigirle reparaciones con quienes fueron obligados a vivir el exilio.
Para ella, el que se usen todas las categorías de víctimas en el texto –indígenas, LGTBIQ+, comunidades negras- sin que sean profundizados los efectos del exilio en sus vidas y procesos organizativos y políticos, parece responder más una narración de lo políticamente correcto, que a un ejercicio juicioso de esclarecimiento sobre los porqués y los patrones de violencia diferenciados ejercidos contra ellos.
Para Pic, la Comisión también fue ambigua al redactar algunas recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional que creen que asuntos tan complejos como la armonización de normativas relativas al exilio puedan resolverse solo a través de conferencias internacionales.
En el debate se ahondaron las diversas categorías que definen las situaciones de quienes salen del país, enfatizando que casi todas las migraciones tienen un grado de coerción y la de exilio aún más. Para Prieto, lo político no debería separarse de lo económico en el reconocimiento de dichos estatus migratorios; refugiados, asilados, migrantes económicos y en general todos los que migran, deben afrontar igualmente la cuestión del lograr relacionarse con diversos procedimientos, situaciones y personas del nuevo país donde recrearán sus vidas.
La categoría del insilio que la Comisión utilizó para definir las afectaciones de quienes se quedaron, o de lo quedó, luego de la salida obligada de una persona, no fue acogida con gran entusiasmo ni por Prieto ni por Pic; para ellas, más que tener una nueva categoría, bastaba profundizar más sobre las diversas modalidades en qué el exilio afectó a quienes tuvieron que abandonar el país dejando familiares, amigos y proyectos políticos.
La reflexión final indagó también sobre cómo en Colombia hay tantas dificultades a la hora de acoger personas de otros países, siendo la situación de los migrantes venezolanos la más evidente, sobre todo por el ambiente xenófobo que la ha envuelto y el no reconocimiento de los tantos colombianos que por años fueron acogidos en Venezuela.