Yohana Pantevis
Historiadora, MSc. y Candidata a Doctorado en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Amazonia.
Consultora e investigadora del CEPAM
El crimen organizado en la Triple Frontera Amazónica
Tanto en el pasado como ahora, los ríos amazónicos son una pieza fundamental de comunicación y transporte de cualquier actividad comercial en la región, razón por la cual, el crimen organizado se disputa el control de la extensa cuenca amazónica.
La triple frontera amazónica de Brasil, Colombia y Perú se ha convertido en un punto de importancia para la penetración y expansión del crimen organizado lo que ha generado importantes disputas particularmente desde el 2017.
Esta situación no es gratuita, tomando en cuenta que Colombia y Perú continúan siendo dos principales exportadores de cocaína en el mundo, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en su informe mundial sobre drogas ilegales (2021). Además, la posición geográfica de Brasil permite tener una conexión importante con Europa, a través de Surinam, el caribe amazónico.
Si bien los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú afirman que hacen esfuerzos importantes para disminuir el tráfico de drogas ilegales y combatir el crimen organizado, los resultados son insuficientes, hasta el momento. La porosidad y extensión de esta frontera hacen que resulte titánica esta labor, razón por la cual se ha priorizado el aumento de las fuerzas armadas en la región. Las razones de fondo siguen teniendo que ver con la ilegalidad de estas mercancías, que permiten incrementar la rentabilidad del negocio. Sin embargo, otras razones de fondo tienen que ver con la situación económica de precariedad de la población amazónica.
A modo de ejemplo, el departamento del Amazonas presenta un alto índice de pobreza multidimensional que es del 59,1% (nacional 25,6%). La inversión pública debería incluir en sus programas y proyectos el enfoque multicultural, principalmente étnico y de género, respondiendo adecuadamente a las características de la población y su territorio.
Actores involucrados en el crimen organizado en la Triple Frontera Amazónica
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió dos alertas tempranas en 2021 que cubren los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, describiendo infracciones a los derechos fundamentales, particularmente que afectan gravemente a las poblaciones urbanas y rurales más vulnerables y a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
Estas amenazas son realizadas, según las alertas tempranas, por facciones disidentes de las antiguas FARC-EP autodenominadas Frente Primero y Frente 48; grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC; así como actores armados ilegales dedicados al narcotráfico, entre los que cabe resaltar los autodenominados Comandos de la Frontera que mantienen vínculos con facciones criminales brasileñas.
Las respuestas del gobierno peruano al incremento del accionar de estas organizaciones criminales generaron el Estado de Emergencia durante los meses de mayo, junio y julio en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, ubicadas en el departamento de Loreto[1]. En Brasil se vivió el pasado mes de junio ataques simultáneos en seis ciudades del Estado de Amazonas, informó la prensa regional[2].
Pandemia y Derechos Humanos en la Triple Frontera Amazónica
Esta parte trifronteriza de la región amazónica ha sido fuertemente afectada por el COVID-19 (en Colombia, Brasil y Perú la mayor tasa de mortalidad respecto a cada país se presentó en la Amazonia) y ha dejado unos impactos sociales y económicos sin precedentes, ensanchando las brechas y dejando en mayor vulnerabilidad a la población amazonense.
Este escenario está siendo aprovechado por las facciones criminales que operan en la región, que según reportan la prensa regional están incrementando sus filas, fortaleciendo sus redes regionales y extra-regionales, siendo más coordinadas y financieramente más robustas gracias a la creciente demanda de drogas a nivel mundial.
Es de suma importancia fortalecer las organizaciones sociales y solicitarle a los Estados una protección efectiva para defender los derechos humanos de las poblaciones que están siendo afectadas por un notorio incremento de la violencia armada, daños a los recursos naturales y sus territorios, amenazando su vida y las formas de pervivencia de estos pueblos.
[1] Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-loreto-prorrogan-emergencia-provincias-del-putumayo-y-mariscal-ramon-castilla-848148.aspx
[2] Disponible en: https://es.insightcrime.org/noticias/guerra-milicias-comando-rojo-explica-violencia-manaos-brasil/
Muy interesante. Mientras siga siendo un negocio tan lucrativo, por su naturaleza ilegal, el estado de cosas solo tiende a empeorar, tristemente.