El Acuerdo de Escazú y la justicia socioambiental en Colombia

Marisol Rodriguez Arguello

Marisol Rodríguez

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Gestora de contenidos para medios digitales.

Integrante del CEPAM

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico regional que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

A su vez, crea y fortalece las capacidades y la cooperación regional latinoamericana al contribuir con la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y sostenible.

El acuerdo es pionero en el mundo en reconocer el papel de los defensores del medio ambiente en la protección de los ecosistemas y en reclamar un ‘entorno propicio’ para liderar, defender y decidir sobre sus territorios. Particularidad que surge en el contexto de una región arrasada por los conflictos socioambientales y los alarmantes asesinatos de líderes ambientales.

Esta herramienta jurídica regional entró en vigor el 22 de abril de 2021 (Día Internacional de la Madre Tierra) para los siguientes países que ratificaron el acuerdo: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Santa Lucía. Por su lado, países amazónicos como Colombia, Brasil, Venezuela y Perú no lo han ratificado aún.

el Acuerdo de Escazú para los defensores ambientales

Defensores Ambientales
Foto: Harrison Calderón.

Por segunda vez consecutiva, Colombia es considerado el país más peligroso del mundo para defensores del medio ambiente según el informe “Última línea de defensa” publicado por Global Witness en septiembre de 2021.

En Colombia, durante el 2020 fueron asesinadas 65 personas por causas relacionadas con la defensa del territorio y el liderazgo ambiental. El informe revela que un tercio de estos ataques fueron contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala.

Ante este devastador panorama, el Acuerdo de Escazú se presenta como una carta jurídica importante para las comunidades amenazadas no solo para seguir luchando por sus derechos de acceso a la información y participación en proyectos con incidencia ambiental, sino también para reclamar justicia por los daños y perjuicios ocasionados y que aún no han tenido la suficiente visibilidad y reconocimiento.

En el siguiente mapa extraído del Atlas de Justicia Ambiental podemos visualizar 130 conflictos socioambientales en el país. Conflictos en su mayoría asociados a la extracción de minerales, combustibles fósiles, biomasa, conflictos por la tierra y a la gestión del agua.

Teniendo en cuenta este contexto, el Acuerdo de Escazú es una herramienta jurídica clave para el derecho de acceso a la justicia ambiental. Innumerables casos de impunidad en asuntos ambientales podemos evidenciar en el país. Luchar por el territorio y la naturaleza tiene consecuencias muy graves, como hemos visto en nuestra historia de violencia y como los siguen evidenciando los informes recientes.

El periódico El Tiempo sacó un reportaje llamado “Una lucha verde que les costó la vida” que reconstruye la historia de 5 defensores del medio ambiente en distintas partes del país. Cada uno de ellos con una lucha común: proteger su territorio y la sostenibilidad de sus selvas, ríos y paramos. La mayoría de los casos aún no han sido resueltos por la justicia colombiana y no tienen autores intelectuales identificados de los crímenes, evidenciando que la impunidad es un denominador común en las violencias ejercidas sobre los líderes verdes del país.

el Acuerdo de Escazú en la Gobernanza Ambiental

El Acuerdo de Escazú incide en la Gobernanza Ambiental de los territorios al brindar un soporte jurídico que garantice el acceso a la información relevante y verídica sobre los proyectos de interés, el acceso de la participación pública para deliberar sobre el impacto de estos proyectos y, además, el acceso a la justicia para la defensa de su derecho a la tierra y al territorio.

Al garantizar estos tres derechos cruciales a través de mecanismos reales para los defensores y líderes ambientales, la gobernanza del territorio y los ecosistemas se balancearía al exigir a las empresas y al Estado la implementación de una responsabilidad social transversal a todo el proceso de licitación y concesión ambiental.

Se conoce un avance importante en la comunidad internacional sobre la responsabilidad empresarial que lidera el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos (CIEDH), conocido como Tratado Vinculante. Este instrumento, sin duda, robustece la reglamentación en materia ambiental y social para las empresas que se ven involucradas como actores principales y desencadenantes de conflictos socioambientales. Se esperaría que, con el Tratado Vinculante y el Acuerdo de Escazú, las comunidades tengan mayor respaldo a la hora de reclamar sus derechos a las empresas y al Estado.

El Acuerdo de Escazú para las Amazonias

Particularmente, en la Amazonia los derechos humanos son luchas socioambientales. El bosque húmedo tropical de la Amazonia es un ecosistema clave en el manejo del cambio climático global y, por este motivo, es escenario de múltiples conflictos socioambientales relacionados con la tenencia de tierras, el interés económico que representan sus bastos recursos naturales y la multiplicidad de actores que están involucrados.

Teniendo en cuenta las características del Acuerdo de Escazú, para la Amazonia cobra relevancia la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para los cuales su sustento es la existencia de la selva y sus relaciones culturales con el territorio. Aquellos conocimientos ancestrales y profundos del bosque los hacen actores clave para el uso sostenible de sus recursos naturales y de su integridad como ecosistema viviente.

Conclusión

Cuanto más sabemos del alcance en materia de justicia ambiental del Acuerdo de Escazú en Latinoamérica, más comprendemos el porqué de tanto divorcio de algunos sectores políticos con el mismo, especialmente en Colombia, Brasil y Perú, son Estados dirigidos por gobiernos conducidos por otros intereses asociados al capitalismo sin escrúpulos.

Finalmente, es urgente en nuestra sociedad un compromiso ético que nos haga aterrizar en la etapa actual de inflexión que vivimos y nos lleve a actuar congruentemente hacia la restauración de ecosistemas afectados. Una buena decisión sería, sin duda, ratificar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, los esfuerzos deben ser mancomunados y realizados desde la acción individual hasta la colectiva.

Descarga aquí El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

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