Un ornitorrinco en la Amazonia Neoliberalismo y proyectos REDD+

Si en la Amazonia existen “dragones” (así le dicen a las dragas mineras en el río Caquetá¹), si andan sueltos los corta-cabezas (como bien lo estudió la antropóloga Salima Cure²), si en sus ríos circulan submarinos cargados de cocaína, nada raro que en la Amazonia también se encuentre un ornitorrinco. Con el permiso de las ecólogas, que seguro dirán que esto es un disparate, aquí no pretendo realizar una confirmación biológica, sino más bien invocar un concepto de las ciencias humanas, el ornitorrinco del que habla el sociólogo brasilero Francisco de Oliveira (2003). Lo que Oliveira quiere decir es que las realidades sociales, principalmente en América Latina, se componen de atributos diferentes, fuerzas y órdenes de diversa naturaleza, así como el ornitorrinco, un animal que tiene tanto de pez, como de mamífero y de ave, con pico de pato, cola de castor, cuatro patas que terminan en dedos palmeados, pero con garras, que pone huevos, pero amamanta a sus crías sin ningún pezón a la vista, tiene el cuerpo cubierto de pelaje y se alimenta debajo del agua, como lo hacen los peces y los anfibios. Un ornitorrinco amazónico, en este sentido, sería una realidad social compuesta de órdenes económicos, tensiones, conflictos y relaciones diferentes (OLIVEIRA 2003, pág. 128). Por ejemplo, presenciamos políticas neoliberales que se alimentan del atraso, con programas de mercantilización de la selva en medio de situaciones de precariedad y vulnerabilidad social, como los programas de venta de carbono que llegan a territorios donde predominan formas degradadas de atraso y trabajos precarios (trabajos de la minería de oro, de raspachines, de rebuscadores).

En la Amazonia, y esto lo saben bien los pueblos indígenas, la historia es arisca a encajar en modelos lineales, en categorías fijas, en órdenes cronológicos secuenciales y ordenados. Por ejemplo, la Conquista y la Colonia (como lo fue, por ejemplo, el régimen de explotación del caucho) ocurrieron después de la independencia (PALACIO 2007, pág. 12). Este anacronismo, también queda expuesto cuando percibimos que las políticas neoliberales llegaron a la Amazonia antes que las políticas públicas de cualquier estado de bienestar. Esta realidad histórica contradice las líneas teleológicas, el curso unidireccional con el que usualmente la narrativa capitalista explica el curso civilizador, pues el atraso, que se creía un lastre a ser superado, ahora resulta que nunca fue dejado atrás, su profundización expone más bien un neo-atraso arrastrado por los procesos de modernización en nuestros países (SHWARTZ 2003, pág. 12).

En esta perspectiva cabe preguntarse ¿cómo se relaciona el neoliberalismo con los territorios indígenas amazónicos? El neoliberalismo no se expresa apenas como política económica y ejercicio de poder, también es ideología, andamiaje estatal y repertorio normativo, lo que permite pensar que el neoliberalismo se presenta como una actualización, bajo nuevos ropajes, de la forma como el Estado y la sociedad de mercado se ha relacionado históricamente con estos territorios. Un caso concreto son los nuevos nichos de negocios disfrazados de protección ambiental, el síntoma actual por excelencia del falso pánico capitalista ante la crisis ambiental. En otras palabras, es como si las alertas ante el colapso planetario fueran atendidas por las élites económicas y políticas como nuevos espacios de inversión. La crisis ambiental, de este modo, adquiere relevancia porque constituye una oportunidad de expansión y acumulación de capital (ZAPATA 2023, pág. 167; FOA 2017, pág. 85).

Bonos de carbono y neoliberalismo

Es importante advertir que la forma Estado en Colombia, aun con las tentativas de reformas del gobierno de Gustavo Petro, permanece capturada por redes de corrupción y economías ilegales que abastecen a grupos armados en capacidad de cooptar la justicia, las fuerzas armadas y la clase política. Esta realidad pone al descubierto un Estado deficiente, constreñido por los engranajes arraigados de la doctrina neoliberal, incapaz de garantizar derechos y rehén del poder militar de mafias y del crimen organizado. Su rostro más dramático queda al descubierto: desregulación de los mercados, privatización del poder público a favor de élites contratistas que han sabido hacer negocios particulares con la contratación pública, financiar campañas electorales y acordar intercambios de dádivas con políticos, consolidando así redes de corrupción muchas veces auspiciadas por grupos paramilitares en las regiones.

En esta perspectiva, el efectivo disfrute de los derechos para la gran mayoría de pueblos indígenas, caboclos y riberiños en la Amazonia colombiana, se encuentra entorpecido, entre otros factores, por el incumplimiento del Estado a sus compromisos constitucionales, dejando la vida en los territorios amazónicos a la influencia de las fuerzas de mercados legales e ilegales (oro, madera, narcotráfico). La presencia estatal es principalmente militar, con algunos esfuerzos de gobiernos regionales para garantizar derechos en salud y, también, con intervenciones dirigidas a propiciar las condiciones que favorezcan las nuevas iniciativas de mercado como los programas REDD+ y los proyectos Py REDD+³ de venta de carbono.

Al tiempo que predominan rutas de narcotráfico en la región a la que está vinculado el crimen organizado (HUERTA y EBUNS 2023), explotación ilegal de oro, deforestación, extracción de madera y presencia de grupos armados vinculados a las rentas de tales economías, también está la movilización social indígena diaria persistiendo y cuidando sus vidas. Al tiempo que existen una situación de abandono y vulnerabilidad, también se impulsan los programas de ventas de bonos de carbono (REDD+). En esta perspectiva los pueblos amazónicos, para garantizar mínimamente sus derechos ante el mercado y la inoperancia estatal, se enfrentan a tres desafíos políticos: primero, acceder a recursos escasos mediante el trabajo ligado a programas con empresas privadas para proyectos REDD+ y la preservación ambiental junto con el Ministerio del Medio Ambiente. Segundo, vincularse en condiciones precarias a las actividades extractivas que intervienen en sus propios territorios, como la explotación de oro, madera y como raspachines para laboratorios de cocaína. (TOBÓN 2018, pág. 146). Tercero, que no se opone a las anteriores, impulsar sus prácticas productivas de alimentos, como la horticultura de tumba y quema de la chagra, la caza, la pesca, su autonomía organizativa y sus redes de intercambio y ayuda mutua.

A su turno, la agenda económica y política ofrecida a los pueblos amazónicos viene exclusivamente de las urgencias del mercado a los que están sujetos a su vez los planes estatales. El mecanismo estatal disponible para garantizar una ciudadanía plena y enmendar el abandono, parece provenir, exclusivamente, de relaciones con los territorios a través de la valorización económica de la naturaleza. Es decir, la conservación ambiental y los recursos para satisfacer derechos solo parecen posibles si a los territorios se le asigna un valor de mercado (FIGUEROA y CARO BORRERO 2019, pág. 34). Así se expresan, por ejemplo, las narrativas de los programas de venta de carbono o REDD+ en la Amazonia y otras regiones, en las que se pretende integrar amplias regiones consideras distantes, marginales o periféricas, a las redes de valorización capitalista de las “riquezas naturales” (ZAPATA 2023, pág. 28). Aun cuando las mismas organizaciones indígenas admiten que las actividades de proyectos REDD+ en alianzas con empresas privadas pueden contribuir a financiar los planes de vida locales, buscando consolidar sus formas de gobierno (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 65), queda en evidencia, desde otra perspectiva, como bien lo advierte el geógrafo John Zapata (2023) para la región de Darién-Urabá, que la expansión del mercado, bien sea a través de intervenciones extractivas y depredadoras, o bien, como las que procuran la preservación de la biodiversidad, no son manifestación de fuerzas opuestas, sino más bien, son propias de las formas de actuación del capital, una dupla dialéctica y, por lo tanto, contradictoria (ZAPATA 2023, pág. 144).

Para el caso de la Amazonia, como bien lo exponen Díaz y Ruíz Nieto en el Diagnóstico de proyectos REDD+ en la Amazonia colombiana (2023) elaborado por el instituto SINCHI, está claro que con la intención de honrar los compromisos del Acuerdo de París y con la participación de donantes como Alemania, Noruega y el Reino Unido, Colombia se compromete a una meta global de mitigación en su NDC⁴ de un 51% para el 2030. (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 16). Aun así, en el escenario geopolítico predominan los incumplimientos con lo pactado en el Acuerdo París, así lo confirma el informe sobre Financiación Climática de 2023 de Oxfam, en el que se advierte un hecho inobjetable: el objetivo establecido en el Acuerdo de París por los países desarrollados de proporcionar 100.000 millones de dólares anuales en concepto de financiación climática de cara a 2020 no se ha cumplido. Esto debido, principalmente, a que los países que más contaminan no subvencionan, sino que más bien realizan préstamos, acompañados de una financiación inadecuada de las medidas de adaptación y de prácticas engañosas de contabilidad, que se traducen en que la financiación climática esté lejos de cumplir su misión (OXFAM 2023, pág. 3)⁵.

El Estado colombiano, en repuesta a este escenario internacional de “economías ambientales” para el cambio climático, promovió ajustes institucionales para afianzar las iniciativas REDD+, a saber:

«[La]“Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques” (EICDGB) denominada “Bosques Territorios de Vida” (Minambiente et al., 2018), un Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), un documento asociado a la EICDGB con la interpretación de las salvaguardas para el contexto nacional, denominado “Interpretación Nacional de las Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Colombia” (CAMACHO et al., 2017)» (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 16)

De acuerdo con Díaz y Ruíz Nieto (2023) en los departamentos amazónicos se abordan por primera vez los programas REDD+ en 2010 con los llamados “talleres de fortalecimiento de capacidades” (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 15). Hacia el 2015 inicia el Programa del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF) y el Programa ONU-REDD, que fue respaldado por iniciativas regionales, principalmente con el Ministerio de Ambiente «en el marco del Programa REM (REDD+ Early Movers), para la construcción del Pilar Indígena del Programa Visión Amazonía desarrollado durante los años 2016-2017» (Ibídem). A su vez, fue aprobado el Decreto Ley 870 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente que “Establece pagos por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”, iniciativa derivada del contexto de implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC y el Estado colombiano (ZAPATA, 2023 pág. 165)

Las organizaciones indígenas OPIAC y COICA, de igual modo, apoyaron la propuesta REDD+ Indígena Amazónico (RIA), con acompañamiento de WWF» (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 16). Estas actividades habilitarían los caminos para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+, que condujo, también en el 2015, a reactivar la Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático (MIAACC) (Ibídem). Como bien advierten Díaz y Ruíz Nieto (2023, pág. 16) estas «iniciativas de cooperación multiactor no tuvieron la continuidad esperada y no dieron lugar al desarrollo de proyectos REDD+ operados por las organizaciones indígenas».

Los mercados de carbono en Colombia, principalmente para la Amazonia, se ejecutan mediante dos enfoques con diferente escalas geográficas y estrategias de financiación: de un lado, el Programa Visión Amazonía, liderado por iniciativa del Gobierno Nacional durante el mandato de Iván Duque (2018-2022) (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 16). En este programa el Estado, «a través de sus instituciones, recibe recursos de cooperación internacional por los resultados obtenidos, como incentivo para implementar estrategias y los administra de acuerdo a las prioridades establecidas por sus pilares estratégicos del programa» (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 16).

Del otro lado están los Proyectos REDD+ o Py REDD+, que involucran directamente a empresas privadas que, mediante actividades de mercado, persiguen la valorización monetaria de unidades de carbono (cantidad de emisiones de CO2 evitadas o absorbidas) (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 16). Muchas de estas empresas se asocian con organizaciones de la sociedad civil «quienes obtienen el mandato o la exclusividad por parte de las comunidades para coordinar acciones que les permiten certificar reducción de emisiones y acceder tanto al mercado voluntario de carbono de manera independiente con resultados en terreno» (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 16). Llama la atención como las plataformas encargadas de monitorear los estándares de certificación, como las empresas privadas Verra, EcoRegistry, Biocarbon Registry y Colcx, las que deben suministrar los Documentos de Diseños de Proyecto (PDD Project Document Desing), los informes de verificación, auditorías y certificados de créditos de carbono de cada proyecto, no cumplen con el suministro de esta documentación, de modo que se desconocen los estudios de cartografías sociales, documentación de recorridos, información socioeconómica y entrevistas (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 22).

Esto no solo expone la ausencia de entidades de vigilancia y rendición de cuentas, que obliguen a estas empresas al cumplimiento de compromisos sobre un marco reglamentario legal, sino también queda expuesto un escenario en el que la ansiedad por el lucro, especialmente de los llamados carbon cowboys, puede pasar por encima de las mismas abstracciones legales de la burocracia institucional. Este es apenas un síntoma que deja al descubierto cómo el problema de la crisis climática, degradación ambiental y preservación de los bosques, devino en un importante nicho de negocios para las empresas privadas y el capital financiero. Como bien lo advierte Zapata (2023) los proyectos de conservación ambiental, desde la perspectiva de la actividad monetaria, invocando la protección de la biodiversidad, promueven la creación de espacios productivos, creados y reproducidos de acuerdo a las actuales necesidades de acumulación de capital (2023, pág. 147). En esta perspectiva, cuando se hace referencia a la neo-liberalización de la Amazonia, estamos aludiendo a las relaciones imbricadas entre conservación ambiental, participación de empresas privadas y mercantilización de la naturaleza (ZAPATA 2023, pág. 147)

De acuerdo al Registro Nacional de Reducción de Emisiones de GEI—RENARE a julio de 2022, existen 51 PyREDD+ registrados en la Amazonia colombiana, muchos de estos son multidepartamentales, 25 en fase de factibilidad y formulación, 17 en fase de validación y verificación y 9 en fase de implementación (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 23-24) (Ver Mapa). En los objetivos de estos proyectos se advierte que aspiran al fortalecimiento de la gobernanza, el apoyo a proyectos productivos, a la autonomía indígena y a la equidad de género (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 28). Es perceptible que estos objetivos apuntan a un protocolo de declaración de resultados, supeditados a los mandatos del mercado, sin ninguna pretensión de alterar las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y abandono en materia de derechos indígenas.

Como bien se advierte en el Diagnóstico de proyectos REDD+ en la Amazonia colombiana (2023), la empresa que concentra mayor número de proyectos es Waldrettung SAS con 13, muchos de ellos localizados en el departamento de Guainía. En la lista con más proyectos le sigue la empresa Permian y la empresa Masbosques cada una con 6 proyectos (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 24). Para que los proyectos REDD+ se hagan efectivos se requiere la participación de empresas privadas certificadoras, que facilitan y garantizan el registro de los Proyectos de Mitigación del Cambio Climático (PMCC). Estas empresas, en el caso de la Amazonia colombiana, son: Ruby Canyon, AENOR, ICONTEC, KBS Certification Services Pvt. Ltd, Tuev Nord Cert GmbH y Verifit Colombia S.A.S (DÍAZ y RUÍZ NIETO 2023, pág 25).